Donde las conversaciones importantes comienzan

La crisis del Poder Judicial tiene su origen en un extravío de su función esencial: aplicar la ley con imparcialidad. El abandono del derecho como criterio exclusivo abrió espacio al activismo judicial, decisiones ideologizadas y prácticas irregulares que erosionan la confianza pública. Casos recientes evidencian una justicia percibida como arbitraria y advierte que sin un retorno estricto al imperio de la ley, estándares técnicos y responsabilidad institucional, la legitimidad del sistema seguirá deteriorándose.

Brito plantea que 2026 podría marcar el fin del régimen cubano tras casi siete décadas de poder castrista desde 1959 bajo Fidel Castro y ahora Miguel Díaz-Canel. Con escasez de divisas, petróleo, turismo y presión de la administración Trump, la dictadura enfrenta una crisis aparentemente insostenible; más de 1 millón de cubanos han emigrado y frecuentes apagones reflejan debilidad sistémica. Este posible colapso superaría la caída de otros autoritarismos en la región y abriría una nueva era para Cuba y su pueblo.

La economista uruguaya usa el caso de una minera que anticipó el nombramiento de su CEO como ministro de Minería para advertir sobre riesgos de percepción de captura regulatoria y pérdida de credibilidad institucional, lo que puede elevar la prima de riesgo y desalentar la inversión. Propone reglas más claras: períodos de “enfriamiento”, inhabilidades específicas y protocolos de comunicación estratégica donde la autoridad política decide primero, resguardando independencia y competitividad.

El sociólogo sostiene que hoy el poder renuncia a justificarse en valores o normas y actúa sin explicar sus decisiones, lo que elimina límites éticos e institucionales. Contrasta la deliberación diplomática de antes con la acción directa sin respaldo legal ni moral, lo que deja a la sociedad sin mecanismos de defensa o rendición de cuentas.

La economista cuestiona el proyecto de negociación colectiva ramal, calificándolo como un gesto ideológico sin viabilidad real. Advierte que la indefinición de sectores y reglas elevará costos laborales, afectará a pymes y empleo, y trasladará rigideces del sector público al privado, dañando competitividad y crecimiento económico.

Sansone analiza el alza récord del cobre y plantea que combina factores transitorios y estructurales. Advierte que parte del rally podría corregirse, pero la demanda ligada a energía, IA y geopolítica sugiere un nuevo piso más alto. Para Chile, un precio estructural mayor aliviaría ajustes fiscales, fortalecería el ahorro soberano y podría impulsar el crecimiento económico.

La líder de SQM comenta que las startups enfrentarán en 2026 un financiamiento más exigente y selectivo: ya no bastan ideas, sino métricas, foco y escalabilidad. La columna llama a fortalecer alianzas entre emprendedores, inversionistas y grandes empresas para sostener el crecimiento del ecosistema y no perder innovación valiosa.

Brito sostiene que el socialismo bolivariano agoniza por su ruina económica, autoritarismo y pérdida de legitimidad en América Latina tras décadas de fracaso, corrupción y éxodos masivos. Aun con la presión militar sobre Maduro, añade que la verdadera derrota será cuando caiga también la dictadura cubana y se revele el costo humano y material de ese proyecto.

Barros critica la ideología woke y señala que ciertas políticas y leyes, como la Ley Lafkenche y obligaciones impuestas por el Convenio 169, han creado privilegios y división étnica en Chile. Afirma que esto va más allá de combatir discriminación y termina imponiendo tratos preferentes que fracturan la igualdad ante la ley y el orden democrático.

Barros advierte que los eventos del 18-O marcaron una crisis institucional: violencia, polarización, ataques al orden público y cambios sociales que rompieron la confianza. Chile debe elegir entre una ruta refundacional o retomar el camino del desarrollo con trabajo, seguridad y respeto a la ley. Un gobierno fuerte, dice, debe asegurar ese giro antes de que se sigan postergando oportunidades para la ciudadanía.

Barros denuncia que la burocracia ambiental excedió sus facultades al paralizar arbitrariamente los centros salmoneros de la salmonera Cooke, sin pruebas de daño ambiental. Un fallo reciente restituyó la actividad, pero expuso cómo las regulaciones estatales abusivas e impredecibles minan la seguridad jurídica y perjudican inversiones y comunidades.