Donde las conversaciones importantes comienzan

García cuestiona el uso del concepto de “crecimiento sustentable”, planteando que muchas veces opera más como un eslogan que como una guía real de política económica. Al intentar conciliar objetivos potencialmente contradictorios (como crecimiento y restricciones ambientales), el término se vuelve ambiguo y pierde capacidad operativa. Si no se precisan sus implicancias concretas, el concepto corre el riesgo de transformarse en una caricatura: un lenguaje atractivo, pero vacío de contenido efectivo para la toma de decisiones.

Utiliza la imagen de Ormuz (punto crítico por donde transita una parte sustantiva del comercio energético mundial) para ilustrar cómo decisiones geopolíticas tomadas en espacios reducidos pueden tener efectos sistémicos. Advierte que conflictos lejanos no son irrelevantes para Chile, dado su impacto en precios, mercados y estabilidad global. La idea central es que, aunque Chile no esté “en la sala del consejo”, sí está expuesto a sus consecuencias: la economía global funciona como un sistema interdependiente donde shocks externos se transmiten rápidamente.

El economista cuestiona que, pese a la existencia formal de una regla fiscal en Chile, su cumplimiento se ha debilitado sistemáticamente, perdiendo credibilidad. Sostiene que cambios reiterados en las metas, errores en las proyecciones de ingresos y desvíos significativos del balance estructural han vaciado de contenido la regla. Más que un ancla efectiva, se ha vuelto una referencia flexible. La idea de fondo es que una regla que se ajusta constantemente deja de ordenar la política fiscal, como una brújula que cambia de norte según la coyuntura.

La economista cuestiona el destino del gasto en educación en Chile, argumentando que una gran proporción se concentra en financiar gratuidad universitaria y condonaciones, beneficiando a estudiantes de educación superior en desmedro de etapas clave como la primera infancia y la educación escolar. Advierte que esto genera ineficiencia, baja calidad y títulos de escaso valor, comparando el sistema con un “hoyo negro” que absorbe recursos sin mejorar resultados.

Sostiene que Chile enfrenta un momento excepcional para retomar el crecimiento económico, tras años de bajo dinamismo. Argumenta que existen condiciones favorables (como mayor estabilidad política y oportunidades ligadas a inversión, energía y recursos naturales) que podrían impulsar una nueva etapa de desarrollo. Sin embargo, advierte que aprovechar esa oportunidad exige decisiones claras en materia de políticas públicas, certezas regulatorias y una agenda pro crecimiento capaz de reactivar inversión, productividad y empleo.

A partir de la analogía con los primeros 100 días de un CEO, la columna plantea que el inicio de un gobierno es clave para definir prioridades, estilo de liderazgo y credibilidad. Sostiene que, como en la gestión empresarial, es necesario una estrategia clara en una sola hoja, coordinación entre equipos y resultados tempranos (quick wins) que demuestren avance. Estas señales iniciales permiten alinear a las instituciones, generar confianza y sentar las bases para transformaciones más profundas.

En un escenario económico desafiante, la presidenta de SQM plantea que el desarrollo del país requiere fortalecer la colaboración entre sector público y privado. Sostiene que enfrentar problemas como el bajo crecimiento, la inversión débil y los cambios regulatorios exige generar “sinergias necesarias” entre empresas, Estado y sociedad. La columna advierte que sin confianza, reglas claras y cooperación efectiva será difícil impulsar la innovación, productividad y nuevas oportunidades de desarrollo.

Frente a un escenario internacional más conflictivo y competitivo, plantea que Chile necesita una “política exterior de emergencia” capaz de reaccionar con rapidez y coherencia. El autor advierte que las tensiones geopolíticas, la disputa entre grandes potencias y conflictos regionales exigen mayor claridad estratégica. Más que declaraciones, se requiere coordinación institucional, liderazgo desde Cancillería y una diplomacia enfocada en proteger intereses económicos, atraer inversión y resguardar la posición internacional del país.

Larraín analiza la paradoja peruana: una inestabilidad política crónica (presidentes destituidos, escándalos y un “parlamentarismo de facto”) que convive con crecimiento económico sostenido. Plantea que la combinación de alta informalidad y corrupción permite eludir malas regulaciones, lo que amortigua sus efectos. A partir de ideas del economista Hernando de Soto, advierte que este equilibrio es frágil y cuestiona cuán sostenible puede ser el desarrollo en medio de crisis políticas permanentes.

Analiza el creciente hábito de grabar y transcribir reuniones laborales con herramientas de IA. Aunque estas tecnologías facilitan revisar acuerdos, compartir información y registrar ideas, también generan riesgos: conversaciones espontáneas pueden quedar registradas y circular fuera de contexto. Advierte que esta “normalización” de la grabación puede volver a las personas más cautas y menos sinceras en el trabajo, mientras las empresas tecnológicas se benefician de la enorme cantidad de datos generados.

El debate sobre sala cuna lleva décadas entrampado por un diseño legal que obliga a empresas con más de 20 trabajadoras a financiarla, lo que termina desincentivando la contratación femenina. Critica el proyecto actual por crear más burocracia y propone “desenredar” el sistema financiándolo con el Seguro de Cesantía, que tiene recursos suficientes. La idea central es separar el beneficio del empleador: que éste solo cotice, mientras el sistema educativo provea el servicio, eliminando discriminación laboral y asegurando sostenibilidad.

El abogado sostiene que la polémica del cable submarino con China reveló un déficit institucional en Chile: el país carece de un mecanismo técnico para evaluar inversiones extranjeras desde la perspectiva de la seguridad nacional. Durante décadas se asumió que el origen del capital era irrelevante, bajo un contexto de globalización estable. Pero en un escenario de rivalidad geopolítica entre potencias, esa premisa dejó de ser suficiente, obligando a Chile a repensar cómo equilibrar apertura económica y resguardo estratégico.

Sánchez analiza dos visiones sobre el impacto económico de la inteligencia artificial: una pesimista, que advierte que podría reemplazar masivamente empleos de “cuello blanco”, reducir el consumo y provocar una crisis económica, y otra que sostiene que los shocks de productividad históricamente crean más empleo y crecimiento. El autor concluye que el verdadero desafío para Chile no es la tecnología, sino su capacidad de adoptarla rápido y facilitar la creación de nuevas empresas que absorban los cambios del mercado laboral.

El periodista sostiene que el régimen instaurado por la revolución de Fidel Castro enfrenta su fase más crítica tras décadas en el poder. La crisis económica, la escasez de energía, la pérdida de apoyo externo y el creciente malestar social han debilitado las bases del modelo castrista. El autor plantea que, aunque el sistema ha resistido múltiples crisis, hoy enfrenta una tormenta estructural que podría marcar el inicio de su declive definitivo y abrir paso a transformaciones políticas en la isla.

Sostiene que la nueva geopolítica obliga a empresas y Estados a incorporar riesgo estratégico en sus decisiones. En un mundo menos multilateral y más competitivo, la rentabilidad ya no basta: importan seguridad, alianzas y dependencia tecnológica. Advierte que negocios con actores ligados a potencias como China implican costos políticos y regulatorios, por lo que Chile debe coordinar política exterior y sector privado para resguardar intereses nacionales en un entorno global tensionado.

El inversionista sostiene que los mercados emergentes mantienen un desempeño sólido en 2026 pese a la volatilidad global. Destaca el buen rendimiento del índice MSCI EM y factores estructurales como inteligencia artificial, transición energética y relocalización productiva, que favorecen a Asia y América Latina. Advierte riesgos por tensiones geopolíticas y financieras, pero concluye que, con políticas macroeconómicas creíbles e inflación controlada, el panorama sigue siendo cautelosamente optimista para inversionistas de largo plazo.

Argumenta que la reactivación de infraestructura en Chile debe apoyarse en alianzas público-privadas (APP) bien estructuradas, no en soluciones exclusivamente estatales. Sostiene que, ante restricciones fiscales y urgencias de desarrollo, las APP permiten combinar recursos, gestionar riesgos y acelerar obras que aumentan la productividad. Además, destaca que estos esquemas requieren transparencia, marcos claros y redistribución equitativa de beneficios para ser sostenibles y generar confianza.

Plantea una idea “fuera de la caja”, cuestionando los ajustes tradicionales basados solo en subir impuestos o recortar gastos linealmente. El problema fiscal es estructural y requiere medidas que mejoren la eficiencia del gasto, la credibilidad macro y los incentivos al crecimiento. La tesis central es que sin crecimiento sostenido y señales fiscales coherentes, cualquier ajuste será transitorio, pues la sostenibilidad fiscal depende tanto de disciplina presupuestaria como de expandir la base económica.

El analista sostiene que Chile ha quedado inserto en la disputa estratégica entre EE.UU. y China, donde decisiones aparentemente técnicas (como infraestructura digital o comercio) adquieren dimensión geopolítica y advierte que el país ya no puede actuar como si estuviera fuera de la rivalidad entre potencias y que su política exterior debe ser más estratégica y coherente, pues la ambigüedad equivale a quedar “atrapado en la trama” de intereses cruzados sin capacidad real de maniobrar la eventual escalada de dichas tensiones.

Plantea que la irrupción de la inteligencia artificial redefine el rol gerencial: ya no basta con eficiencia operativa, sino con liderazgo estratégico, adaptabilidad y criterio ético frente a tecnologías que automatizan decisiones. Advierte que muchos ejecutivos aún carecen de alfabetización digital y pensamiento sistémico para integrarla en la toma de decisiones. El desafío no es solo técnico, sino cultural: formar líderes capaces de convivir con la IA, gestionar incertidumbre y reconfigurar organizaciones en entornos cada vez más complejos y acelerados.

La economista uruguaya, en el contexto de la polémica por el bono presidencial y el debate sobre incentivos en el sector público, plantea que el Presidente no debe entenderse como un “gerente general” del Estado, sino como el chair del directorio que fija rumbo y coordina. La analogía corporativa sostiene que vincular su remuneración a metas de gestión lo desplaza hacia funciones ejecutivas, confundiendo gobernanza con administración y debilitando la lógica institucional de largo plazo.

En el contexto de la polémica por el bono presidencial, el académico argumenta que el problema no es solo legal sino institucional, pues evidencia sistemas de incentivos que pueden otorgar beneficios sin conexión clara con mérito o desempeño. Más que un caso individual, el episodio revela tensiones entre normas formales, legitimidad pública y coherencia política, mostrando cómo decisiones técnicamente correctas pueden deteriorar la confianza ciudadana y la percepción de justicia en el uso de recursos públicos.

Afirma que, en el contexto de desafíos climáticos globales e incertidumbre económica, hablar de crecimiento sin considerar sostenibilidad es obsoleto y contraproducente. Sostiene que en el siglo XXI ambos están ligados: la transición energética y las energías limpias hacen a Chile más competitivo, atraen inversión y potencian empleo. Con reglas claras, colaboración público-privada y visión de largo plazo, la descarbonización puede impulsar la innovación y consolidar a Chile como referente en desarrollo sostenible.

Sansone sostiene que Chile enfrenta un giro demográfico estructural: baja natalidad en base al nivel de reemplazo, envejecimiento acelerado y futura caída de la población, lo que reducirá la fuerza laboral y tensionará el crecimiento, las pensiones y el gasto en salud. La idea central es que el dinamismo ya no vendrá del “volumen” de personas, sino del “valor”: productividad, tecnología, automatización y mayor participación laboral deberán compensar una economía con menos jóvenes y más adultos mayores.

Valente sostiene que la apreciación del peso chileno actúa como un “analgésico” macroeconómico: reduce inflación importada y costos en el corto plazo, pero no corrige debilidades estructurales como bajo crecimiento, inversión estancada y productividad, por esto advierte que este alivio cambiario puede inducir complacencia ocultando desequilibrios fiscales y externos. El verdadero desafío es impulsar la inversión, competitividad y consolidación macroeconómica para evitar depender de shocks externos favorables.

En virtud de la presión por la productividad, sostiene que en un entorno saturado de información, redes sociales y contenido emocional, la desinformación distorsiona la toma de decisiones públicas y privadas. Advierte que algoritmos, sesgos y fake news crean “burbujas” que refuerzan creencias, dificultando distinguir la verdad y falsedad, tal como navegar con un mapa alterado. Por ello, propone fortalecer pensamiento crítico, alfabetización digital y verificación de fuentes para decidir con evidencia y no con percepciones manipuladas.

Argumenta que el retorno de la inflación al 3% es un logro relevante atribuible principalmente a la política monetaria contractiva del Banco Central, más que a la política fiscal, que fue expansiva y generó presiones inflacionarias. Sostiene que la credibilidad del instituto emisor y el ajuste de tasas anclaron expectativas y corrigieron desequilibrios, demostrando que la estabilidad de precios no fue casualidad, sino resultado de una conducción técnica que actuó pese a un entorno macroeconómico adverso.

La directora de empresas sostiene que postergar la sala cuna universal no es neutro, sino una mala señal para el crecimiento económico en un país con bajo dinamismo. Argumenta que facilitar el empleo femenino, desanclar el costo del cuidado infantil del sexo del trabajador y formalizar el trabajo ampliaría productividad, base tributaria y participación laboral. Critica que debates ideológicos, políticos y valóricos de la élite retrasen una reforma concreta mientras las familias siguen esperando.

Obach afirma que la permisología es uno de los principales frenos a la inversión y que existe una ventana política para convertirla en una política de Estado pro crecimiento. Propone una hoja de ruta en tres ejes: simplificación regulatoria, mejor gestión de permisos bajo la nueva ley y reformas estructurales a cuellos de botella. La idea central es que no se trata de elegir entre “árboles o personas”, sino de compatibilizar estándares ambientales con mayor certeza, agilidad y crecimiento.

Infante analiza el impacto del recién firmado acuerdo UE-Mercosur y cómo Chile debe responder en cuatro frentes: 1) competencia en minerales críticos y atracción de inversión europea, 2) rediseño de cadenas de suministro e infraestructura regional, 3) **dinámicas en energía e hidrógeno verde, frente a Brasil como rival fuerte, y 4) el rol de Brasil como socio regional clave para abrir mercados y consolidar la posición chilena en la implementación activa del tratado.

Critica la ideología woke por simplificar la sociedad en “oprimidos vs. opresores”, comparándolo con el marxismo clásico y sostiene que este enfoque ha capturado organismos locales e internacionales y ha impulsado leyes como la Ley Lafkenche y el Convenio 169, que, según el autor, generan trato preferente para pueblos originarios, dividen a chilenos y erosionan igualdad ante la ley. Insiste en que el rechazo a la plurinacionalidad por la mayoría obliga a eliminar normas discriminatorias y restaurar el trato igualitario.

Barros relata que la invitación del Presidente electo para integrarse al gabinete como ministro de Defensa Nacional, decisión que asume como servicio público tras décadas de experiencia. Critica la década pasada por ideologías que tensaron la convivencia y el estallido social de 2019, responsabilizando la crisis por retrocesos en empleo, educación y calidad de vida. Promete apoyar un gobierno con gobernanza eficiente, seguridad, orden y desarrollo, retirándose de roles privados y de opinión para dedicarse plenamente al cargo.

La crisis del Poder Judicial tiene su origen en un extravío de su función esencial: aplicar la ley con imparcialidad. El abandono del derecho como criterio exclusivo abrió espacio al activismo judicial, decisiones ideologizadas y prácticas irregulares que erosionan la confianza pública. Casos recientes evidencian una justicia percibida como arbitraria y advierte que sin un retorno estricto al imperio de la ley, estándares técnicos y responsabilidad institucional, la legitimidad del sistema seguirá deteriorándose.

Brito plantea que 2026 podría marcar el fin del régimen cubano tras casi siete décadas de poder castrista desde 1959 bajo Fidel Castro y ahora Miguel Díaz-Canel. Con escasez de divisas, petróleo, turismo y presión de la administración Trump, la dictadura enfrenta una crisis aparentemente insostenible; más de 1 millón de cubanos han emigrado y frecuentes apagones reflejan debilidad sistémica. Este posible colapso superaría la caída de otros autoritarismos en la región y abriría una nueva era para Cuba y su pueblo.

El economista de BCI afirma que Chile está en fase de largada económica y política, donde actores públicos y privados se preparan para un nuevo ciclo de decisiones clave. La metáfora “en sus marcas, listos” refleja un país expectante pero aún sin despegar, condicionado por incertidumbre regulatoria, bajo crecimiento y reformas pendientes. Advierte que, sin señales claras de inversión y certeza institucional, la economía puede quedar detenida en la línea de partida, perdiendo dinamismo y oportunidades de desarrollo.

La economista uruguaya usa el caso de una minera que anticipó el nombramiento de su CEO como ministro de Minería para advertir sobre riesgos de percepción de captura regulatoria y pérdida de credibilidad institucional, lo que puede elevar la prima de riesgo y desalentar la inversión. Propone reglas más claras: períodos de “enfriamiento”, inhabilidades específicas y protocolos de comunicación estratégica donde la autoridad política decide primero, resguardando independencia y competitividad.

El sociólogo sostiene que hoy el poder renuncia a justificarse en valores o normas y actúa sin explicar sus decisiones, lo que elimina límites éticos e institucionales. Contrasta la deliberación diplomática de antes con la acción directa sin respaldo legal ni moral, lo que deja a la sociedad sin mecanismos de defensa o rendición de cuentas.

La economista cuestiona el proyecto de negociación colectiva ramal, calificándolo como un gesto ideológico sin viabilidad real. Advierte que la indefinición de sectores y reglas elevará costos laborales, afectará a pymes y empleo, y trasladará rigideces del sector público al privado, dañando competitividad y crecimiento económico.

Sansone analiza el alza récord del cobre y plantea que combina factores transitorios y estructurales. Advierte que parte del rally podría corregirse, pero la demanda ligada a energía, IA y geopolítica sugiere un nuevo piso más alto. Para Chile, un precio estructural mayor aliviaría ajustes fiscales, fortalecería el ahorro soberano y podría impulsar el crecimiento económico.

La líder de SQM comenta que las startups enfrentarán en 2026 un financiamiento más exigente y selectivo: ya no bastan ideas, sino métricas, foco y escalabilidad. La columna llama a fortalecer alianzas entre emprendedores, inversionistas y grandes empresas para sostener el crecimiento del ecosistema y no perder innovación valiosa.

Brito sostiene que el socialismo bolivariano agoniza por su ruina económica, autoritarismo y pérdida de legitimidad en América Latina tras décadas de fracaso, corrupción y éxodos masivos. Aun con la presión militar sobre Maduro, añade que la verdadera derrota será cuando caiga también la dictadura cubana y se revele el costo humano y material de ese proyecto.

Barros critica la ideología woke y señala que ciertas políticas y leyes, como la Ley Lafkenche y obligaciones impuestas por el Convenio 169, han creado privilegios y división étnica en Chile. Afirma que esto va más allá de combatir discriminación y termina imponiendo tratos preferentes que fracturan la igualdad ante la ley y el orden democrático.

Barros advierte que los eventos del 18-O marcaron una crisis institucional: violencia, polarización, ataques al orden público y cambios sociales que rompieron la confianza. Chile debe elegir entre una ruta refundacional o retomar el camino del desarrollo con trabajo, seguridad y respeto a la ley. Un gobierno fuerte, dice, debe asegurar ese giro antes de que se sigan postergando oportunidades para la ciudadanía.

Barros denuncia que la burocracia ambiental excedió sus facultades al paralizar arbitrariamente los centros salmoneros de la salmonera Cooke, sin pruebas de daño ambiental. Un fallo reciente restituyó la actividad, pero expuso cómo las regulaciones estatales abusivas e impredecibles minan la seguridad jurídica y perjudican inversiones y comunidades.