Fernando Barros

Critica la ideología woke por simplificar la sociedad en “oprimidos vs. opresores”, comparándolo con el marxismo clásico y sostiene que este enfoque ha capturado organismos locales e internacionales y ha impulsado leyes como la Ley Lafkenche y el Convenio 169, que, según el autor, generan trato preferente para pueblos originarios, dividen a chilenos y erosionan igualdad ante la ley. Insiste en que el rechazo a la plurinacionalidad por la mayoría obliga a eliminar normas discriminatorias y restaurar el trato igualitario.

Barros relata que la invitación del Presidente electo para integrarse al gabinete como ministro de Defensa Nacional, decisión que asume como servicio público tras décadas de experiencia. Critica la década pasada por ideologías que tensaron la convivencia y el estallido social de 2019, responsabilizando la crisis por retrocesos en empleo, educación y calidad de vida. Promete apoyar un gobierno con gobernanza eficiente, seguridad, orden y desarrollo, retirándose de roles privados y de opinión para dedicarse plenamente al cargo.

Barros critica la ideología woke y señala que ciertas políticas y leyes, como la Ley Lafkenche y obligaciones impuestas por el Convenio 169, han creado privilegios y división étnica en Chile. Afirma que esto va más allá de combatir discriminación y termina imponiendo tratos preferentes que fracturan la igualdad ante la ley y el orden democrático.

Barros advierte que los eventos del 18-O marcaron una crisis institucional: violencia, polarización, ataques al orden público y cambios sociales que rompieron la confianza. Chile debe elegir entre una ruta refundacional o retomar el camino del desarrollo con trabajo, seguridad y respeto a la ley. Un gobierno fuerte, dice, debe asegurar ese giro antes de que se sigan postergando oportunidades para la ciudadanía.

Barros denuncia que la burocracia ambiental excedió sus facultades al paralizar arbitrariamente los centros salmoneros de la salmonera Cooke, sin pruebas de daño ambiental. Un fallo reciente restituyó la actividad, pero expuso cómo las regulaciones estatales abusivas e impredecibles minan la seguridad jurídica y perjudican inversiones y comunidades.