Natalia González

A partir de un fallo reciente de la Corte Suprema, la abogada analiza el alcance de la norma sobre interlocking en la legislación de libre competencia. Sostiene que el tribunal corrigió una interpretación demasiado amplia aplicada por la Fiscalía Nacional Económica y el TDLC, reafirmando que en derecho sancionador las normas deben aplicarse de forma estricta. El fallo refuerza los principios de legalidad y debido proceso, aclarando que la responsabilidad recae en las personas que ocupan cargos en empresas competidoras.

La abogada de LyD cuestiona que altas autoridades, incluido el presidente Boric, reciben bonos por desempeño cuando los indicadores públicos (como el déficit fiscal) son negativos, señalando que esos premios parecen parte del sueldo y no reflejan la gestión real. Critica además la falta de transparencia en torno a la polemico por el fallido cable submarino con China y el uso indebido de espacios públicos para actos políticos, exigiendo explicaciones claras y fundamentadas del Gobierno.

La abogada sostiene que los abusos en el uso de licencias médicas persisten pese a los casos revelados y cuestiona la falta de reacción firme de los servicios públicos. Afirma que muchas instituciones no han iniciado los sumarios correspondientes, debilitando la probidad y el control interno. Destaca el rol de la Contraloría al exigir responsabilidades y advierte que sin sanciones efectivas se normaliza el fraude social, afectando recursos fiscales y la confianza en el aparato del Estado.

La economista de LyD. cuestiona las críticas que ha recibido la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, por su perfil conservador, creencias religiosas y posiciones valóricas antes de asumir. Señala que evaluar a una persona por presunciones sobre lo que podría hacer es injusto y muestra intolerancia por parte de ciertos sectores. Plantea que la crítica no debería basarse en fe o convicciones personales sino en su desempeño en el cargo y el compromiso con las políticas públicas.

Gonzáles sostiene que los “amarres” y acuerdos de último minuto en el Congreso son tácticas habituales antes de que un nuevo gobierno asuma. Advierte que estas negociaciones pueden proteger intereses particulares y limitar la capacidad de gobernar del próximo Ejecutivo, y llama a evaluar con rigor los efectos institucionales y presupuestarios de esas decisiones tardías.